El 23 de septiembre de 1913 se promulgo en nuestro país la ley 9.143 conocida como la Ley Palacios, en honor al diputado Alfredo Palacios -creador de la norma, la primera en el mundo contra la prostitución infantil. En enero de 1999, en la Conferencia de Mujeres -en Dhaka, Bangladesh- se decide evocar ese día como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.
La explotación sexual es una actividad ilegal mediante la cual una persona es sometida a realizar actividades sexuales sin su consentimiento, por la cual una tercera persona recibe una remuneración generalmente económica de quien consume este “servicio” (denominado cliente o prostituyente).
Es un crimen global que afecta a todas las regiones del planeta, una vulneración de los derechos humanos que atenta contra la vida, la integridad, la libertad y la dignidad de las personas y tiene un claro componente de género, al ser sus víctimas mayoritariamente mujeres. Además, constituye el tercer negocio más lucrativo del mundo, luego de la venta de armas y de drogas.
La trata de personas funciona porque a su alrededor existe una compleja red de explotación que la hace posible. En primer lugar los proxenetas, quienes obtienen ganancias de la explotación sexual de una o más mujeres que circulan a través de las distintas instancias de la red, pero que no cuentan con establecimientos propios para que estas trabajen.
Los regentes de prostíbulos quienes se apropian de los beneficios económicos generados por los “servicios” sexuales y tienen a su cargo la administración y gestión de estos lugares.
Los traficantes quienes proveen, intermedian y organizan los traslados y los “clientes” quienes consumen sexo y posibilitan de esa manera que la red siga funcionando.
Diversas situaciones de vulnerabilidad producto de la inequidad, la discriminación de grupos sociales determinados, la exclusión social, la pobreza, el impacto de los modelos de desarrollo existentes en la región, las barreras migratorias en los países de destino, la permeabilidad de los pasos de fronteras en algunos países y la existencia de población indocumentada favorecen la permanencia de este delito.
Hay una serie de dificultades que se presentan para reconocer el nexo entre los delitos de explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual y se vincula a la naturalización de la prostitución. Esto impide considerarla como una modalidad de las violencias que la cultura patriarcal ejerce sobre las mujeres.
Esta realidad indica, al menos, la persistencia de relaciones desiguales entre varones y mujeres, la naturalización de la prostitución como “alternativa laboral”, y la reproducción que hacen los medios de comunicación de la representación de las mujeres en tanto objeto sexual.
